Cuando los precios de los registradores se vuelven inaccesibles para la gente
En España, los aranceles de los registradores de la propiedad y del Registro Mercantil se han convertido en un obstáculo real para muchos ciudadanos y pequeñas empresas. Lo que debería ser un trámite administrativo sencillo, como inscribir una sociedad, modificar estatutos, cancelar una hipoteca o solicitar una nota simple, puede implicar un gasto elevado que muchas personas no pueden asumir. Esto hace que formalizar negocios, gestionar propiedades o acceder a documentos oficiales se vuelva costoso y, en ocasiones, inaccesible.
Los aranceles se calculan según el valor económico del acto o documento inscrito, y aunque están regulados, los precios actuales se consideran excesivos por numerosos usuarios. Por ejemplo, una nota simple online cuesta 12,03 €, mientras que otros trámites más complejos pueden alcanzar decenas o incluso cientos de euros. Para emprendedores, propietarios de inmuebles o quienes gestionan su patrimonio, estos costes representan un obstáculo financiero que puede retrasar proyectos o impedir acceder a servicios esenciales.
En este contexto, ADAC (Asociación para la Defensa del Administrado y el Contribuyente) se presenta como un aliado clave. La organización ofrece asesoramiento legal y administrativo, ayuda a entender los aranceles, identifica cobros excesivos y guía en la presentación de reclamaciones. Gracias a su apoyo, es posible reducir la carga económica de los trámites y asegurar que los precios no se conviertan en una barrera para formalizar negocios, proteger propiedades o gestionar patrimonio personal.
ADAC también colabora con entidades públicas y mantiene canales de denuncia confidenciales, visibilizando abusos y promoviendo soluciones que beneficien a todos los consumidores. De esta manera, la organización contribuye a que los servicios registrales sean más accesibles y transparentes, garantizando que nadie tenga que renunciar a un trámite esencial únicamente por su coste. Con ADAC, los ciudadanos y empresas cuentan con respaldo para defender sus derechos frente a cobros injustos y mantener un acceso justo a los servicios registrales.
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