Fraude online encarece el acceso a datos del Registro de la Propiedad y pesa sobre compradores de vivienda
En pleno avance de la digitalización del Registro de la Propiedad, una polémica reciente ha llamado la atención de consumidores y profesionales: páginas web fraudulentas están vendiendo información registral a precios muy superiores a los establecidos oficialmente, generando un nuevo foco de costes injustos para quien busca datos legales de un inmueble.
La explicación de María
Según ha explicado María Rosario Jiménez Rubio, decana del Colegio de Registradores de la Propiedad, existen sitios que imitan la apariencia del portal oficial de los registradores y ofrecen servicios como la nota simple o certificaciones a tarifas cinco o seis veces más altas. Esto significa que un usuario que busca información legítima puede acabar pagando más de 40 €, cuando el precio regulado oficial por la sede electrónica del propio Registro cuesta 12,03 € + IVA.
Lo más grave es que estas páginas no aportan ningún valor añadido real: simplemente descargan los datos que el Colegio de Registradores ya pone a disposición oficial y los revenden con un sobreprecio enorme. La decana insiste en que estos servicios no son intermediarios profesionales ni gestores con funciones acreditadas, sino plataformas comerciales que se aprovechan de la confusión del consumidor.
La respuesta del Colegio de Registradores
Ante esta situación, el Colegio de Registradores ha decidido informar al Ministerio de Consumo para que actúe frente a estas prácticas, señalando que este tipo de portales pueden perjudicar seriamente al ciudadano, que busca información esencial sobre un inmueble (como titularidad, cargas o hipotecas) antes de comprar o vender una vivienda.
Este problema se suma a una percepción ya arraigada entre muchos compradores: los costes asociados a la compra de vivienda no paran de crecer, desde el precio del propio inmueble hasta gastos fiscales, notariales y registrales. Si además, al acceder a datos oficiales, el ciudadano tiene que enfrentarse a tarifas infladas por sitios fraudulentos, la sensación de injusticia se agrava todavía más.
La digitalización del Registro de la Propiedad, impulsada por la Ley 11/2023, tenía como uno de sus objetivos facilitar el acceso a los datos y agilizar los trámites. Pero este contexto demuestra que la tecnología por sí sola no reduce los costes reales para los consumidores si no hay mecanismos para protegerlos frente a prácticas abusivas de mercado.
La labor de ADAC
Para asociaciones como ADAC, esta situación confirma la necesidad de mayor regulación, supervisión y educación al usuario, para que el acceso a la información registral —que es un derecho y una herramienta básica en una compraventa— no se convierta en una trampa de precios inflados que perjudican a quien ya enfrenta una de las mayores inversiones de su vida: la compra de una vivienda.
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