El sobrecoste silencioso de la nota simple: cuando un trámite básico se convierte en una carga económica
En España, solicitar una nota simple del Registro de la Propiedad es un trámite básico y necesario. Se realiza para comprar una vivienda, comprobar cargas sobre un inmueble o gestionar otros asuntos legales. Este documento es público y regulado por aranceles oficiales. Sin embargo, en los últimos años se ha generado una situación preocupante que perjudica a consumidores: el precio que algunos intermediarios y plataformas cobran por la misma información puede ser hasta cinco o seis veces superior al precio oficial.
Precio oficial vs precios inflados
Según el Colegio de Registradores de la Propiedad, el coste de una nota simple online es de 12,03 € (más IVA), mientras que solicitada de forma presencial ronda los 9,02 € (más IVA). Sin embargo, en internet proliferan páginas que imitan la apariencia de organismos oficiales, usando logos y nombres que confunden al usuario. Al avanzar en el proceso, estas webs aplican tarifas muy superiores: en algunos casos más de 30 o incluso 40 euros por el mismo documento, sin justificación normativa.
Reclamos de consumidores
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recopilado casos de personas que han intentado obtener una nota simple y, tras creer que estaban realizando el trámite correctamente, se encontraron con cargos de alrededor de 38,48 € en sus tarjetas, pese a que el servicio oficial cuesta mucho menos. Estos consumidores relatan que no tienen acceso a un contacto real o un número de teléfono para resolverlo, y que al intentar ejercer su derecho de desistimiento no reciben respuesta.
Uno de los reclamantes explicó que entró en una web que simulaba ser el Registro de la Propiedad y solo al final del proceso descubrió el importe real, más del triple del precio oficial, y que la empresa se negaba a cancelar o devolver el dinero.
La crítica de los registradores
Desde el Colegio de Registradores se admite que el incremento del precio online que figura en los aranceles (hasta 12,03 €) no debe confundirse con el abuso de intermediarios, pero alertan de que muchas plataformas venden esa misma información cinco o seis veces más cara. Estas prácticas inducen al error al usuario, que cree que está pagando un trámite oficial cuando en realidad está contratando un servicio de terceros con costes inflados.
¿Qué significa esto para los ciudadanos?
Lo que debería ser un trámite accesible y transparente con un precio fijo y regulado por normativa, se ha convertido en una trampa económica para quien no sabe dónde está realizando la solicitud. En procesos importantes, como la compra de vivienda o la constitución de sociedades, este abuso resta transparencia y aumenta la percepción de que el acceso a la información pública es cada vez más caro.
Nuestra posición
Desde la perspectiva de defensa de los consumidores, insistimos en que:
- El acceso a la información registral debe ser transparente y asequible, con criterios de precio claramente comunicados.
- Las autoridades deben vigilar más activamente las plataformas que imitan servicios oficiales y aplican precios abusivos o engañosos.
- El ciudadano debe ser informado claramente de dónde está realizando el trámite y cuál es el coste real según normativa oficial.
Nadie debería pagar más de lo que la ley establece por algo que es un derecho básico de consulta pública.
CONTACTO
Para más información o consultas, ADAC atiende de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00. Puedes contactarlos por correo electrónico en info@adac-asociacion.org o por teléfono al +34 902 090 162. Sus oficinas se encuentran en Barcelona (Edificio Casal Cívic i Comunitari Sant Adrià de Besòs, Carrer Jaume Huguet 2, Despacho 3, 08930) y en Madrid (C/Sor Ángela de la Cruz, 24, Esc. B, 3º E, 28020).