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Críticas a los registradores por los precios de la nota simple

Registradores y precios de la nota simple: críticas por cobros “injustificados”

En el debate continuo sobre los precios de los registradores, una de las noticias más recientes está impulsada por las denuncias de asociaciones de consumidores sobre lo que consideran cobros excesivos en la emisión de notas simples, el documento registral fundamental para verificar la situación legal de un inmueble antes de comprar o vender.

La Asociación para la Defensa del Administrado y el Contribuyente (ADAC) ha enviado una carta al Ministerio de Justicia en la que insta a que se reduzcan los costes asociados a las notas simples, especialmente aquellas tramitadas por internet. Según ADAC, el arancel oficial fijado en el Real Decreto 1427/1989 establece el precio de una nota simple en 3,01, pero en la práctica los usuarios terminan pagando 9,02€ por solicitudes telemáticas, una cifra que consideran “injustificada y desproporcionada” dado que no existe una justificación normativa clara para esa diferencia de precio.

Además, ADAC ha señalado que la digitalización promovida por la Ley 11/2023 debería haber llevado a una reducción de costes, no a un aumento, y que muchos usuarios sienten que el incremento responde más a una oportunidad de ingresos que a una mejora real del servicio. También advierten que el nuevo producto registral denominado nota online, un tipo de nota simple con acceso continuado vía sede electrónica con un coste todavía mayor (12,03 €) ha generado aún más confusión entre los ciudadanos.

La defensa de los registradores

Por otro lado, desde el sector de los registradores se defiende que estos precios responden al valor del servicio y la gestión necesaria para mantener la plataforma digital y garantizar la fiabilidad de los datos, aunque las discrepancias entre el arancel fijado por ley y los montos realmente cobrados siguen alimentando el debate.

La discusión sobre transparencia, regulación de aranceles y costes reales del acceso a información registral no solo afecta a particulares, sino también a emprendedores y pymes que necesitan estos documentos para trámites legales habituales.

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