El Congreso pide bajar aranceles de registradores en inscripciones comunitarias — una batalla contra costes abusivos
En una sesión que ha tenido eco más allá del sector inmobiliario, el Congreso de los Diputados aprobó en mayo de 2025 una **proposición no de ley orientada a reducir los aranceles que las comunidades de propietarios pagan al Registro de la Propiedad para inscribir acuerdos contra pisos turísticos. El objetivo: aligerar costes y barreras económicas que impiden ejercer derechos sobre las viviendas del vecindario en plena crisis de acceso a la vivienda.
La iniciativa, impulsada en la Comisión de Justicia con apoyo de varios grupos políticos, insta al Gobierno español a estudiar medidas para limitar o bonificar los aranceles registrales aplicables a la inscripción de acuerdos de modificación de estatutos de comunidades de vecinos, como aquellos que regulan o prohíben el uso de viviendas residenciales como alquiler turístico.
Costes excesivos
Según los promotores de la proposición, estos costes exceden lo razonable para trámites administrativos que, en muchos casos, derivan de decisiones adoptadas por los mismos propietarios y que representan un beneficio colectivo en términos de convivencia y uso urbano. Por ello, consideran que la inscripción en el Registro de la Propiedad no debería estar condicionada por costes desproporcionados que desincentivan la participación comunitaria.
El texto aprobado también reclama criterios claros y objetivos para la determinación de los aranceles registrales, con la finalidad de que no se apliquen tarifas arbitrarias o subjetivas que terminen encareciendo trámites básicos para los ciudadanos, especialmente en temas ligados a la propiedad y al uso residencial de las viviendas.
Desde la perspectiva de quienes luchan contra el encarecimiento de los costes asociados al acceso a la vivienda, este debate pone en evidencia cómo las tarifas del Registro de la Propiedad —en este caso aranceles para inscribir acuerdos comunitarios— pueden convertirse en un obstáculo económico añadido. La inscripción de decisiones legítimas de propietarios, como limitar arrendamientos turísticos, no debería suponer una carga económica que disuada la participación o que imponga costes adicionales injustificados.
La resolución de ADAC
Para asociaciones como ADAC, estos debates parlamentarios son un paso importante para visibilizar los problemas estructurales que generan costes elevados ligados al registro. Aunque la proposición no de ley no tiene fuerza de ley —y por tanto no modifica automáticamente los aranceles registrales— la presión política abre la puerta a reformas futuras que permitan racionalizar e incluso rebajar gastos que hoy resultan onerosos para comunidades y ciudadanos. Este caso ilustra que la discusión sobre la redución de aranceles no se limita a reclamaciones de consumidores individuales, sino que se ha trasladado al ámbito político, donde se cuestiona abiertamente si los costes actuales del Registro de la Propiedad están alineados con los principios de proporcionalidad, justicia y accesibilidad, especialmente en un país donde el acceso a la vivienda y la convivencia urbana son temas centrales del debate social.
CONTACTO
Para más información o consultas, ADAC atiende de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00. Puedes contactarlos por correo electrónico en info@adac-asociacion.org o por teléfono al +34 902 090 162. Sus oficinas se encuentran en Barcelona (Edificio Casal Cívic i Comunitari Sant Adrià de Besòs, Carrer Jaume Huguet 2, Despacho 3, 08930) y en Madrid (C/Sor Ángela de la Cruz, 24, Esc. B, 3º E, 28020).