Reclamaciones de ciudadanos por cobros abusivos en notas simples del Registro de la Propiedad
En plena era digital, donde los ciudadanos esperan que los trámites administrativos sean más transparentes y baratos, aún siguen apareciendo casos de cobros excesivos por servicios básicos relacionados con el Registro de la Propiedad. Una de las formas más claras de esta problemática son las reclamaciones presentadas por usuarios que solicitaron una nota simple a través de páginas que se hacen pasar por vinculadas al registro y terminaron pagando mucho más de lo que realmente cuesta el trámite.
Uno de estos casos llegó a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en enero de 2026, cuando una usuaria explicó que, al intentar pedir una nota simple a través de una web que parecía legítima, inicialmente creyó que el costo sería de 6,90 €, pero una vez completada la operación le cargaron en su tarjeta 38,48 € por el mismo documento. Este importe excede con creces el precio que oficialmente cobra el Registro cuando se solicita en sus canales electrónicos o presencialmente.
Este tipo de reclamaciones reflejan un problema grave de falta de transparencia y prácticas comerciales confusas por parte de ciertos intermediarios digitales, que se aprovechan de la confusión del usuario sobre dónde están los canales oficiales para cobrar tarifas muy superiores por el mismo servicio que podría obtenerse de forma más económica y directa.
La nota simple registral —que informa sobre la titularidad, cargas y situación jurídica de un inmueble— es un documento esencial en la compra de vivienda y otros trámites inmobiliarios, y su acceso debería ser lo más claro y económico posible.
Casos documentados
El caso documentado por la OCU no es aislado. Las reclamaciones de consumidores que se sienten engañados por portales que se posicionan en buscadores con nombres engañosos o gráficos parecidos al del Registro de la Propiedad se han multiplicado en 2025-2026. Muchos usuarios descubren demasiado tarde que el precio final que les cobran es muy superior al coste oficial regulado, lo que deja una sensación de agravio cuando ya se han comprometido en pagos.
Este fenómeno ocurre en un contexto en el que los ciudadanos ya enfrentan costes elevados por la compra o gestión de viviendas, con aranceles registrales que dependen del valor del inmueble y otros gastos administrativos que se suman al precio base. Que existan páginas intermedias que encarezcan aún más servicios básicos genera una carga adicional que puede sentirse especialmente injusta para quienes ya están haciendo un esfuerzo económico importante.
El papel de las asociaciones
Las asociaciones de consumidores, como ADAC y la propia OCU, insisten en que es fundamental que los usuarios verifiquen siempre que están usando los canales oficiales del Registro de la Propiedad (por ejemplo, la sede electrónica del Colegio de Registradores) para obtener sus documentos registrales, y alertan de que las plataformas no oficiales pueden no solo cobrar precios abusivos, sino ofrecer poca o ninguna protección al consumidor si algo sale mal.
Este tipo de casos pone de manifiesto que no basta con digitalizar los trámites para que resulten más baratos o más claros. Es necesario también mejorar la educación al usuario, la supervisión de intermediarios y la protección frente a prácticas confusas o abusivas que encarecen innecesariamente el acceso a información básica del registro público
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