Cada vez son más los trabajadores que, tras décadas cotizando, descubren al jubilarse que su pensión será más baja de lo que habían imaginado. A pesar de haber dedicado 40 o incluso 45 años a su vida laboral, muchos pensionistas se encuentran con recortes permanentes que no reflejan su trayectoria. Una situación que, lejos de ser excepcional, se está convirtiendo en un problema silencioso pero creciente en España.
El caso de Cándida Jiménez, recogido recientemente por El Español, es un claro ejemplo de esta realidad. Tras 44 años cotizados, se vio obligada a jubilarse anticipadamente por motivos de salud. El resultado fue una penalización del 13 % de por vida. Su decisión no fue voluntaria, pero aun así el sistema la castigó como si lo hubiera sido. Su historia refleja la frustración de miles de personas que sienten que el esfuerzo de toda una vida no se ve recompensado en el momento más vulnerable.
El origen del problema es complejo, pero hay un elemento común, la aplicación automática de los coeficientes reductores, que penalizan la jubilación anticipada sin distinguir entre quienes se jubilan por elección y quienes lo hacen por necesidad. En la práctica, un trabajador enfermo o despedido a los 61 años puede sufrir el mismo recorte que alguien que decide retirarse por voluntad propia, incluso tras haber cotizado más de cuatro décadas.
A ello se suma la falta de información. Muchos trabajadores desconocen cómo se calcula la base reguladora, cómo afectan los últimos años cotizados o qué impacto tienen los periodos sin actividad. Además, los errores en la vida laboral, bases mal registradas, meses que no aparecen, o cotizaciones desactualizadas entre otros, pueden reducir la pensión sin que la persona sea conocedora de ello hasta el final.
Las consecuencias económicas son graves. Una penalización del 10 % o 15 % puede traducirse en cientos de euros menos cada mes. A lo largo de toda la jubilación, esta pérdida puede equivaler a decenas de miles de euros. Pero más allá de los números, lo que más duele a la mayoría es la sensación de injusticia, personas que han trabajado desde muy jóvenes, que han cotizado toda su vida, descubren al llegar a la jubilación que el sistema no refleja su esfuerzo.
Ante esta realidad, ADAC se ha convertido en un apoyo esencial. Su labor consiste en revisar vidas laborales, detectar errores que pasan desapercibidos, recalcular bases reguladoras y acompañar a los afectados en sus reclamaciones. Su objetivo es claro, garantizar que cada pensionista reciba la pensión que realmente le corresponde.
El caso de Cándida como antes el de tantos otros demuestra que el sistema de pensiones presenta lagunas que afectan, precisamente, a quienes más han aportado. Revisar la vida laboral con tiempo, comprender los cálculos y detectar posibles errores antes de jubilarse puede marcar la diferencia entre una pensión justa y un recorte que acompañará toda la vida.
Para miles de personas en España, conocer esta información a tiempo puede ser la clave para evitar una injusticia con consecuencias permanentes.
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