Cuando lo que debería ser barato se encarece — plataformas cobran de más por datos del Registro de la Propiedad
En un momento en que los costes asociados a comprar o gestionar una vivienda en España ya son elevados, surge una nueva polémica: plataformas digitales están inflando el precio de lo que debería ser una información básica del Registro de la Propiedad, y cobrando mucho más de lo que costaría acceder a esos datos directamente por los canales oficiales.
La decana del Colegio de Registradores de la Propiedad, María Rosario Jiménez Rubio, ha señalado que existen páginas web que ofrecen la nota simple online —un documento esencial que muestra quién es el propietario de un inmueble, si tiene cargas, hipotecas o limitaciones— a tarifas muy superiores a los precios oficiales. En la web del propio registro la nota simple cuesta 12,03 € + IVA, mientras que esos intermediarios pueden cobrar entre 15 € y 30 € o más, sumando servicios adicionales o incluso envío urgente.
Este encarecimiento, aunque no lo parezca a simple vista, acaba afectando de forma directa al ciudadano medio. Quien está comprando, vendiendo o investigando una propiedad ya afronta gastos elevados —impuestos (como ITP o AJD), honorarios notariales y aranceles del propio registro, que dependen del valor del inmueble y pueden oscilar entre cientos de euros según la transacción— y que terceros cobren más por el mismo dato que el registro oficial genera hace que el acceso a la información registral sea todavía más oneroso.
¿Qué hace ADAC en esta situación?
El problema no solo es económico: también es de transparencia y engaño al usuario. Muchas de estas páginas imitan a los servicios oficiales o utilizan términos y logos confusos que pueden llevar al consumidor a pensar que está gestionando el trámite en la sede auténtica del Registro de la Propiedad, cuando en realidad está contratando a un intermediario privado.
Para asociaciones de defensa del administrado como ADAC, esta situación evidencia que la digitalización por sí sola no ha servido para abaratar de forma efectiva los costes registrales para el ciudadano, y que, sin mecanismos de control y protección al consumidor, los intermediarios pueden convertir un trámite regulado y relativamente asequible en una fuente de ingresos desproporcionados.
Además, esta práctica contrasta con lo que se esperaría de un sistema que fomenta la transparencia: si la información registral es accesible digitalmente desde una sede electrónica oficial, debería poder obtenerse al menor coste posible y sin cargas innecesarias. Pero cuando terceros venden lo mismo más caro, se está creando una barrera adicional para quien solo quiere comprobar la situación real de una vivienda antes de hacer una inversión importante.
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