Tras haber trabajado 44 años, Pilar Vaquerizo ha sido despedida a los 61 años.
El caso de Pilar Vaquerizo ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión sobre la equidad en el sistema de pensiones y las consecuencias que generan los coeficientes reductores aplicados en la jubilación anticipada, incluso cuando esta no es una elección voluntaria. Cada vez más trabajadores denuncian que estas penalizaciones no tienen en cuenta circunstancias como los despidos forzosos, la inestabilidad laboral a partir de los 55 años o la imposibilidad de reincorporarse al mercado laboral después de largos periodos de actividad.
Un sistema de pensiones percibido como injusto y penalizador
Este escenario alimenta una percepción del sistema actual de pensiones como un sistema injusto, en el cual, personas que han contribuido durante décadas reciben pensiones que no reflejan su esfuerzo, ni el volumen de cotizaciones aportado.
Las reformas legislativas de los últimos años han intentado equilibrar sostenibilidad y derechos, pero numerosos colectivos sostienen que el sistema continúa penalizando de manera desproporcionada a quienes iniciaron su vida laboral muy jóvenes o han tenido trayectorias extensas en sectores especialmente duros.
La combinación de un mercado laboral precario, el envejecimiento de la población y la falta de políticas adaptadas a los mayores de 55 años provoca que miles de trabajadores lleguen al final de su carrera profesional en una posición vulnerable y sin margen de maniobra. Para muchos de ellos, el recorte permanente de la pensión no solo impacta su presente, sino también su seguridad económica futura, condicionando toda su vejez.
Cuando el ciudadano se siente indefenso: la labor de ADAC
En este contexto, ADAC (Asociación para la Defensa del Administrado y el Contribuyente), proporciona orientación y apoyo a personas que se sienten desprotegidas ante decisiones administrativas que se perciben como arbitrarias o injustas. Aunque su ámbito no se limita al tema de las pensiones, su labor evidencia una creciente necesidad de amparo, transparencia y defensa del contribuyente en un entorno donde muchos ciudadanos sienten que la Administración no siempre actúa de forma equilibrada o comprensible.