Récord de compraventas y precios máximos según registradores — ¿aumentan también los costes para el ciudadano?
Los datos del Colegio de los Registradores de la Propiedad para 2025 han vuelto a poner sobre la mesa un fenómeno claro: el mercado inmobiliario en España está en máximos históricos, tanto en volumen de operaciones como en precios, una situación que tiene efectos más allá de las estadísticas económicas —afecta directamente a los costes y cargas administrativas del registro que soportan los ciudadanos.
Según la Estadística Registral Inmobiliaria, el número de compraventas de viviendas subió un 10,7 % durante 2025 hasta alcanzar 705.000 operaciones, el mejor nivel desde 2008, justo antes del estallido de la crisis inmobiliaria. Al mismo tiempo, el precio medio de la vivienda aumentó un 9,5 % y cerró el año en 2.354 €/m², marca histórica, pese a que los propios registradores consideran que esta evolución “no es sostenible en el tiempo”.
¿Y si sube el precio?
Este crecimiento del mercado tiene una lectura clara para quienes compran o venden vivienda: más transacciones y precios más altos implican aranceles y costes asociados más elevados, porque muchos de los pagos vinculados al Registro de la Propiedad están proporcionalmente vinculados al valor del inmueble. Si el precio de la vivienda sube, también suben los gastos de inscripción, las formalidades registrales y otros costes administrativos que soportan quienes deben formalizar legalmente su propiedad o sus derechos reales.
Además, aunque la digitalización de los registros debería contribuir a hacer estos procesos más ágiles y eficientes, no siempre se traduce en una reducción de costes para el ciudadano medio, ya que los aranceles —establecidos por normativa— continúan aplicándose y, en muchos casos, siguen siendo percibidos como elevados o desproporcionados en relación con el poder adquisitivo de una familia media. El hecho de que los precios de la vivienda sigan escalando solo intensifica esa percepción.
La labor de ADAC
Para asociaciones de defensa del administrado, como ADAC, estos datos confirman un problema estructural más amplio: la carga económica que representa acceder a la propiedad en España no se limita al coste del inmueble, sino que se extiende a una serie de gastos obligatorios, regulados y a menudo proporcionales al valor de la vivienda, que resultan especialmente gravosos en un contexto de precios récord. Aranceles de registradores, impuestos, honorarios y tasas administrativas conforman un conjunto de pagos que pueden suponer cientos o miles de euros adicionales sobre la inversión total.
La advertencia de los registradores sobre la sostenibilidad del mercado también apunta a la necesidad de evaluar y, cuando proceda, reformar los mecanismos tarifarios y burocráticos que rodean los actos registrales. Si los ciudadanos están pagando más no solo por la vivienda, sino también por inscribirla o actualizar su situación frente al registro, la barrera económica para acceder o mover una vivienda se hace más alta con cada récord de precio que se bate.
En definitiva, que las transacciones de vivienda y los precios sigan marcando máximos históricos no es solo una estadística más: tiene implicaciones reales en los costes asociados al acceso a la propiedad, incluidos los gastos administrativos con los registradores de la propiedad, que forman parte del proceso legal y obligatorio de cualquier compraventa o formalización registral.
Esto refuerza la idea de que una revisión de costes, aranceles y procedimientos administrativos podría contribuir a aliviar la presión económica sobre los ciudadanos, especialmente en momentos de precios al alza.
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