El TSJC examina si los registradores están cobrando de más por una nota simple digital
Una cuestión que preocupa a muchos ciudadanos y agentes del sector inmobiliario ha llegado a los tribunales: el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) está analizando si el incremento del precio de la nota simple online del Registro de la Propiedad puede considerarse un cobro abusivo o si está justificado legalmente.
Hasta mayo de 2024, solicitar una nota simple online costaba 9,02 €, pero con la puesta en marcha de la “información continuada” tras la reforma registral, este importe pasó a 12,03 €. La pregunta central que deberá responder el TSJC es si dicho sobrecoste tiene respaldo en la normativa vigente o si supone una carga injustificada para el ciudadano.
La nota simple
Este documento —la nota simple— es uno de los más habituales en cualquier operación inmobiliaria: se utiliza para comprobar quién es el propietario de un inmueble o si existen cargas, hipotecas o limitaciones sobre una propiedad antes de comprarla, heredarla o hipotecarla. El coste de este trámite, aunque parezca pequeño comparado con otros gastos de una compraventa, impacta directamente en el bolsillo de los compradores y vendedores, especialmente cuando se multiplica por miles de solicitudes al año.
La decisión del TSJC podría tener implicaciones económicas significativas: si el tribunal considera que el aumento impuesto por los registradores no está suficientemente respaldado por una norma arancelaria, ello podría abrir la puerta a reclamaciones masivas para la devolución de importes cobrados de más desde 2024 en adelante.
El papel de ADAC
Para asociaciones como ADAC, este caso deja al descubierto un problema más profundo: la digitalización de los servicios registrales —que debía facilitar y abaratar trámites— no ha garantizado por sí sola una reducción de los costes reales para los ciudadanos. Al contrario, cuando los precios de los documentos básicos se incrementan sin una justificación clara, la percepción de costes abusivos aumenta y se agrava la carga económica que soportan quienes acceden a una vivienda o gestionan un inmueble.
Además, esta situación ocurre en un contexto en el que los gastos asociados a la compra de una vivienda —ya de por sí elevados por impuestos, aranceles registrales vinculados al valor del inmueble, honorarios notariales o gestoría— son una de las principales barreras económicas para muchas familias. Cualquier incremento adicional, por mínimo que parezca, incrementa la sensación de que los trámites oficiales se han convertido en una fuente de gastos recurrentes y poco transparentes.
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