Fevitur denuncia que los requisitos del Registro de la Propiedad encarecen los trámites para dueños de viviendas turísticas
La polémica en torno a los costes asociados al Registro de la Propiedad en España suma un nuevo capítulo con las críticas de la patronal nacional de viviendas turísticas (Fevitur). La organización ha advertido de que la obligación de inscribir determinadas viviendas en el registro para poder comercializarlas en plataformas como Airbnb o Booking puede implicar gastos administrativos y burocráticos particularmente altos —mucho mayores que los percibidos como razonables por los propietarios.
Según Fevitur, los propietarios que quieren cumplir con estos requisitos se enfrentan a costes que pueden oscilar entre los 6.000 € y los 12.000 € por vivienda, en muchos casos sin aportar beneficios claros al objetivo declarado de combatir el mercado ilegal. La presidenta de la patronal, Silvia Blasco, ha señalado que esta exigencia normativa es innecesaria, recaudatoria y poco útil para luchar contra el alquiler no regulado, puesto que muchas de estas viviendas ya están legalmente inscritas en los registros propios de gestión turística de las comunidades autónomas o consells insulares.
¿Que defiende Fevitur?
Fevitur defiende que obligar a inscribir en el Registro de la Propiedad bienes que ya cumplen con las exigencias validas de la normativa turística resulta una carga costeada casi exclusivamente por el propietario, y en muchos casos duplica trámites administrativos que ya se han realizado en otros registros competentes. Esto hace que la medida se perciba más como un mecanismo de recaudación extra que como una herramienta eficaz de regulación.
Los efectos económicos de esta obligación no son despreciables. Cuando un propietario afronta gastos adicionales de varios miles de euros para poder anunciar su vivienda en plataformas privadas, el acceso a los ingresos que genera ese alquiler se retrasa y se penaliza económicamente, afectando especialmente a pequeños propietarios que no cuentan con recursos financieros elevados. Este hecho no solo encarece la gestión patrimonial de la vivienda, sino que puede limitar la operativa de quienes dependen de estas rentas como complemento a sus ingresos.
El porqué de esta polémica
Esta polémica se enmarca en un contexto más amplio en el que los costes asociados al Registro de la Propiedad —desde aranceles proporcionales al valor del inmueble hasta documentos básicos como la nota simple— han sido objeto de debate por su impacto económico sobre compradores, vendedores y propietarios en general. Muchos críticos señalan que, aunque la digitalización podría facilitar y abaratar algunos trámites, la carga financiera que representa cumplir con ciertas exigencias administrativas sigue siendo elevada.
El papel de ADAC
Para asociaciones como ADAC, esta denuncia de Fevitur viene a reforzar uno de los puntos clave de la campaña: la burocracia del registro no siempre se traduce en beneficios claros para el ciudadano, y en ciertas ocasiones puede convertirse en una traba económica adicional que dificulta la gestión de la vivienda o su rentabilización, sin un retorno proporcional en términos de seguridad jurídica o eficacia regulatoria.
En definitiva, la advertencia de la patronal sobre los altos costes vinculados a la inscripción en el Registro de la Propiedad pone de manifiesto que las cargas económicas derivadas del sistema registral siguen siendo motivo de preocupación para los propietarios y colectivos sectoriales, y que hay una demanda creciente de medidas que racionalicen estos costes y los vinculen de forma más clara con el valor real del servicio prestado.
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