El TSJ de Extremadura ha dictado una resolución pionera sobre el coste de las notas simples con información continuada: el registrador debió cobrar 3,01 euros y no 12,03 euros por este servicio.
Más allá de los 9 euros de diferencia del caso concreto, la sentencia abre un debate de mucho mayor alcance: ¿puede la digitalización de los registros traducirse en un incremento de costes para ciudadanos, profesionales y empresas sin una cobertura legal clara?
Desde ADAC venimos alertando de esta situación y promoviendo actuaciones para que el coste de las notas simples se ajuste al arancel legal, con transparencia, proporcionalidad y control. Ya hemos instado al Ministerio de Justicia, al Colegio de Registradores y al Consejo General del Notariado a abordar una problemática que afecta directamente al acceso a la información registral y a la seguridad jurídica en operaciones inmobiliarias. Y también hemos iniciado acciones legales en esa línea porque nuestro objetivo es defender los derechos de los ciudadanos.
La digitalización debe servir para simplificar trámites, mejorar el servicio y abaratar costes, no para generar nuevas cargas económicas injustificadas.
Esta sentencia confirma que el debate no es corporativo: es una cuestión de legalidad, de defensa del administrado y de protección del contribuyente.
Desde ADAC trabajamos para que servicios y funciones públicas se presten con seguridad jurídica, transparencia y respeto al marco normativo.
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